DELAWARE - La fiscal general de Delaware, Kathy Jennings, anunció el martes que el estado, junto con otros 17 estados, Washington, D.C. y la ciudad de San Francisco, presentó una demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos.
Según Jennings, la medida viola los derechos constitucionales garantizados por la Enmienda 14 y afectará directamente a los niños nacidos en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
"Somos una nación de inmigrantes y una nación de leyes; esta orden ejecutiva contradice ambos principios", declaró Jennings en un comunicado."El presidente está subordinado a la Constitución, no al revés, y aquí la Constitución es inequívoca. Estamos tomando medidas para defender no solo a los niños estadounidenses —quienes merecen los mismos derechos y oportunidades que yo, el presidente y todos los demás—, sino también las instituciones que reconstruyeron este país después de la Guerra Civil".
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts y busca invalidar la orden ejecutiva y detener cualquier acción destinada a implementarla. Los estados solicitan una Orden de Restricción Temporal y una Medida Cautelar Preliminar para bloquear la implementación mientras el caso sigue su curso en los tribunales.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento tiene una larga tradición en los Estados Unidos, remontándose a antes de la Guerra Civil. En 1868, la adopción de la Enmienda 14 garantizó la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, y la Corte Suprema ha respaldado este principio en dos ocasiones, sin importar el estatus migratorio de los padres. Según la demanda, esta sería la primera vez desde 1868 que se niega la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense, afectando potencialmente a 700 bebés nacidos anualmente en Delaware.
La fiscal general señaló que las personas despojadas de su ciudadanía estadounidense vivirían bajo la amenaza de deportación y enfrentarían la pérdida de derechos fundamentales, como la posibilidad de obtener un número de Seguro Social, acceder a programas federales, trabajar legalmente, votar, formar parte de jurados y postularse para cargos públicos. Además, los estados argumentaron que la orden ejecutiva causará la pérdida de fondos federales para programas como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y los programas de cuidado adoptivo y crianza temporal, mientras que los gobiernos estatales se verán obligados a realizar cambios operativos costosos y complejos para adaptar sus programas de beneficios a la nueva política.
Las jurisdicciones que se unieron a Delaware en esta demanda incluyen Nueva Jersey, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Wisconsin, Washington, D.C. y la ciudad de San Francisco.